La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela advirtió que ejercerá las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional (AN) de ese país, mientras ese órgano se mantenga en situación de "desacato".
"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho", se lee en una sentencia emitida el miércoles.
La oposición venezolana, que controla la AN desde las elecciones de diciembre de 2015, respondió a la decisión con dureza y llegó a calificarla de "golpe de Estado", en palabras del diputado opositor Julio Borges, quien convocó manifestaciones.
"Es un golpe de Estado y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras: en Venezuela (el presidente) Nicolás Maduro dio un golpe de Estado", dijo Borges hablando en nombre de la directiva de la AN.
¿Qué significa el fallo del TSJ?
En la oposición, se compara el episodio con el "fujimorazo", como se conoce a la disolución del parlamento de 1992 por el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, quien, a partir de allí, gobernó con mano dura.
Pero el TSJ ya había anulado numerosas medidas del Parlamento venezolano desde que la oposición ganó las elecciones y tomó control del Legislativo por primera vez desde que en 1999 Hugo Chávez llegó al poder.
Eso desde que en enero de 2016 declaró a la AN en "desacato".
Pero según denuncian diputados opositores, esta es la primera vez que el más alto tribunal de Venezuela se atribuye la capacidad de hacer las leyes, no sólo pararlas.
"Ésta no es una sentencia más, es una sentencia que marca un punto de no retorno de la dictadura que requiere iniciar un nuevo proceso de movilización y resistencia para enfrentar esta arremetida", dijo Freddy Guevara, diputado de Voluntad Popular.
Según la agencia Reuters, la medida del TSJ puede llegar a ser una buena noticia para algunas compañías petroleras extranjeras que temían retrasos en sus proyectos ante una advertencia previa de la oposición de que los acuerdos de inversión que no pasaran por el congreso no serían válidos.